Antofagasta, 6 de Noviembre 2018. Coordinada por la Asociación de Industriales de Antofagasta, a la que pertenece EcoMetales, se constituyó la Mesa Técnica Público-Privada Pro Inversión de la II región. El Ministro de Minería, Baldo Prokurica, presidió la instancia, cuyo objetivo es reunir a representantes de organismos técnicos del Estado con los titulares de proyectos mineros con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, pero que aún no inician su fase de construcción, con miras a dinamizar las inversiones y con ello el empleo.
“Queremos ayudar, contactando a las autoridades con las empresas que están tramitando estos proyectos a fin de que se puedan sacar a la brevedad posible, comprometiéndolos con la región para que estas empresas se instalen en la región, contraten mano de obra local y tengan un vínculo con las regiones”, señaló el ministro de Minería.
En efecto, la región muestra preocupantes índices de desempleo que entre julio y septiembre de 2018 alcanzaron una tasa del 8,4%, lo que representa a 26,6 mil personas sin trabajo.
En la ocasión, los presentes expusieron el estado de los proyectos y las razones por las que no han dado el vamos o permanecen en carpeta. En el caso de EcoMetales, la gerenta de sustentabilidad Sandra Riquelme informó del quehacer de la empresa y expuso el Proyecto de Lixiviación de Concentrados de Cobre (PLCC) cuya RCA se aprobó a fines de 2017, y que actualmente el dueño evalúa económicamente antes de tomar la decisión de invertir.
Además del presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta, Marko Razmilic, participaron en la reunión, el intendente regional, Marco Antonio Díaz, los alcaldes de Sierra Gorda, Tal Tal y Antofagasta; la Gobernadora de Antofagasta, los Seremi de todos los servicios y las empresas que tienen proyectos aprobados sin iniciar, entre las que destacan Codelco, Sierra Gorda, KPGM, Soquimich, Albermarle, Amsa y EcoMetales.
Según el catastro del Ministerio de Minería, los proyectos con RCA aprobada en la Región de Antofagasta representan una inversión de más de US$12.300 millones. Esto significa más de 35 mil puestos de trabajo durante su construcción y 9 mil empleos para su operación, razones que sustentan el trabajo de la mesa en aras de destrabar los trámites administrativos, donde la resolución más antigua data del año 2013.